El escándalo de los bloqueos de LaLiga
Los bloqueos de IPs ordenados por LaLiga durante los partidos de fútbol están causando un gran revuelo. La práctica afecta a miles de sitios web legítimos, incluyendo webs institucionales como la del Ayuntamiento de Madrid, debido al uso de IPs compartidas por servicios como Cloudflare. Esto ha generado una controversia legal y ética, ya que se acusa a LaLiga de causar daños a terceros sin autorización.
Daños colaterales
El problema radica en la naturaleza de los bloqueos. LaLiga bloquea IPs, pero estas IPs son compartidas por cientos o miles de dominios, afectando así a sitios web que no tienen nada que ver con la transmisión ilegal de partidos. Empresas y sitios web legítimos sufren cortes, pérdidas económicas y daños a su reputación. Esta situación se prolonga durante casi tres meses, sin solución a la vista.
La justicia, ¿inmóvil?
A pesar de las quejas y demandas, la justicia parece pasiva. Se argumenta que las acciones de LaLiga violan el artículo 21 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que prohíbe los daños a terceros no demandados. Además, el artículo 264 del Código Penal sanciona la alteración o eliminación no autorizada de datos informáticos. Sin embargo, LaLiga continúa con los bloqueos, generando un debate sobre la aplicación efectiva de la ley en este caso.
Cloudflare en la línea de fuego
Cloudflare, el proveedor de servicios afectado, ha intentado detener los bloqueos a través de acciones legales, pero sin éxito. Se ha rechazado la solicitud de nulidad de la sentencia que ampara las acciones de LaLiga. La situación ha llevado a RootedCON, una organización dedicada a la seguridad informática, a considerar la posibilidad de acudir al Tribunal Constitucional.
Sin precedentes
Expertos legales y asociaciones de internautas califican los bloqueos como algo insólito e irracional, sin precedentes en España. A diferencia de casos anteriores de cierre de sitios web por contenido ilegal, los bloqueos de LaLiga son masivos e indiscriminados, afectando a infraestructuras compartidas en lugar de dominios específicos. La inacción de las instituciones y la falta de respuesta de la justicia generan aún mayor preocupación.
El silencio de las instituciones
La abogada Ofelia Tejerina critica la falta de acción por parte de instituciones como el Defensor del Pueblo o la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones. A pesar de conocer la situación, estas entidades no han tomado medidas para proteger la neutralidad de la red y la libertad de empresa. Este silencio, junto con la aparente ineficacia judicial, pone en entredicho la capacidad del sistema para proteger a los ciudadanos y las empresas de prácticas abusivas.
La situación continúa generando debate y preocupación sobre la aplicación de la ley, la protección de los derechos fundamentales y el futuro de la neutralidad de la red en España.
Fuente: Xataka
