LaLiga en el punto de mira: bloqueos masivos y polémica

Los repetidos bloqueos de páginas web por parte de LaLiga, supuestamente para combatir la piratería de partidos de fútbol, han generado una gran controversia. Durante meses, numerosos usuarios han experimentado interrupciones en el acceso a sitios web ajenos al fútbol, debido a la orden judicial que obliga a los operadores a bloquear IPs vinculadas a transmisiones ilegales. Esta situación ha provocado un creciente descontento por los daños colaterales a páginas web y servicios legítimos.

El BNG exige al Gobierno que intervenga

La polémica ha llegado al Congreso de los Diputados. El Bloque Nacionalista Gallego (BNG) ha presentado una iniciativa para que el Gobierno actúe contra estos bloqueos. El diputado Néstor Rego, quien describe la situación como "auténticos apagones digitales", denuncia el bloqueo indiscriminado de páginas culturales, negocios y aplicaciones legales. El BNG argumenta que los bloqueos deben efectuarse sin afectar a terceros.

El debate legal y la problemática de las IPs

El problema radica en el método empleado para el bloqueo. Las IPs, a menudo compartidas por distintos sitios web, hacen que las medidas para detener la piratería afecten a un amplio espectro de plataformas. Esto ha llevado a cuestionar la legalidad de las órdenes judiciales, que indican que los bloqueos no deben perjudicar a terceros; sin embargo, esto no se está cumpliendo.

La opinión del diputado Rego y las implicaciones futuras

Néstor Rego ha criticado duramente la situación. Él considera absurda la autorización judicial actual, y señala que los bloqueos indiscriminados vulneran los derechos de los usuarios. Señala que "los justos no pueden pagar por los pecadores" y aboga por una solución que combata la piratería sin afectar a servicios legítimos. La intervención del BNG ha intensificado el debate, trasladándolo al ámbito político y dejando el futuro de estas medidas en el aire.

Conclusión: un problema que trasciende lo legal

La situación de los bloqueos de LaLiga evidencia un conflicto entre la lucha contra la piratería y la protección de los derechos de los usuarios. El debate no solo es legal, sino que ahora también es político, con consecuencias impredecibles para la accesibilidad a Internet y el funcionamiento de plataformas online.

Fuente: Xataka Móvil